Aunque el reporte no muestra datos tan actualizados para conocer la radiografía actual del sistema penitenciario potosino, recomienda que urgente comenzar a todas acciones tendientes a mejorar la estadía la población interna en etapa de la senectud.
Hasta el año 2023, tres Centros Estatales de Reinserción Social (CERESO) del estado de San Luis Potosí presentaban deficiencias en la atención de personas privadas de la libertad (PPL) adultas mayores, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Todo ello consta en el pronunciamiento sobre el deber del estado de garantizar los derechos humanos de las personas mayores privadas de la libertad y la adopción de medidas preventivas frente al envejecimiento de la población penitenciaria.
El posicionamiento nutrido con estadísticas del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023, señala que los penales potosinos con irregularidades son: San Luis Potosí, conocido como La Pila; Rioverde y Tamazunchale.
Indicó que, hasta esa fecha en las cinco cárceles potosinas existía una población de 2 mil 637 personas en reclusión, de las cuales 99 estaban en ese grupo etario, 98 de ellos son hombres y una es mujer, es decir, el 4 por ciento del total.
Entre los hallazgos, determinó que el hacinamiento, la insuficiencia de servicios y la falta de personal capacitado en gerontología, coloca a esta población en una situación de vulnerabilidad agravada.
Asimismo, se señalan como principales factores de riesgo de sufrir violencia, la pertenencia a grupos históricamente discriminados, como es el caso de las mujeres mayores, las personas LGBTI+ mayores o migrantes mayores.
Señaló que, en su mayoría el diseño arquitectónico de los penales no contempla las suficientes rampas y adecuaciones físicas para que puedan realizar actividades cotidianas como son: alimentación, descanso, laborales, educativas, deportivas, entre otras.
Corroboró que persiste la asignación de camarotes altos, en segundos niveles o difícil acceso a las celdas o áreas comunes por lo que, con frecuencia deben subir o bajar escaleras, aunado a espacios calurosos o fríos en exceso.
En el caso de las personas mayores con algún tipo de discapacidad o movilidad limitada que requieren del uso de anteojos o lentes, audífonos, sillas de ruedas, andadores, bastones o prótesis dentales, en su mayoría los adquieren a través del apoyo de sus familiares o del producto de su trabajo.
“Es prioritario contar con un registro del estado físico y mental de las personas mayores para darles un seguimiento detallado a cada uno de los padecimientos que presentan, los cuales deberán ser atendidos por el personal de salud especializado”, remarcó.
Con relación a las personas mayores con enfermedades que limitan su movilidad, éstas dependen del apoyo de otros internos para sus actividades diarias, quienes se convierten en sus cuidadores y muchas veces no cuentas con las herramientas prácticas de conocimiento ello.
ACCIÓN INTERINSTITUCIONAL
En conclusión, la CNDH recomendó a diversas autoridades tomar en cuentas las siguientes observaciones para los adultos mayores presos: a las cárceles, realizar un diagnóstico interno integral cuanti-cualitativo respecto a las actuales condiciones en las que se encuentran, el cual deberá comprender información estadística respecto a las características y condiciones de vida, infraestructura actual disponible y capacidad instalada.
También realizar las modificaciones, adaptaciones y/o inicio de acciones para exista al menos un centro especializado para albergar adultos mayores.
Al INAPAM, desarrollar en forma coordinada con los penales, acciones que faciliten y promuevan el desarrollo de actividades culturales, recreativas, ocupacionales y laborales acordes con la etapa de la vida en la que se encuentran.
Por su parte, a los Servicios de Salud, facilitar los servicios de geriatría en los CERESO, a fin de que brinden atención adecuada, preventiva y continua a las PPL mayores para que aseguren una vejez digna y para el caso de quienes lo requieran, el acceso a cuidados integrales, de largo plazo y paliativos.
Aunque parece complicado, al Congreso del Estado le pidió prever el destino de recursos y previsiones presupuestales desde una perspectiva especializada diferencial, de derechos humanos, de género, interseccional y gerontológico.
“Este documento surge como una necesidad ante la evidente persistencia de deficiencias en la atención a personas mayores como se observa a partir del análisis estadístico de datos relativos a las personas mayores en los centros penitenciarios”, finalizó.
