San Luis Potosí, SLP.- La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados plantea endurecer las sanciones contra quienes desde la actividad política establezcan vínculos con grupos dedicados al narcotráfico, con penas que podrían alcanzar hasta 140 años de prisión, informó el diputado federal David Azuara Zúñiga.
El legislador explicó que la propuesta es respaldada por los 69 integrantes de la fracción panista y forma parte del conjunto de iniciativas que serán impulsadas durante el actual periodo legislativo. De acuerdo con el planteamiento, las personas que involucren al narcotráfico en actividades políticas podrían enfrentar condenas de entre 80 y 140 años de prisión.
Azuara Zúñiga señaló que la iniciativa surge ante la preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas y consideró necesario establecer castigos contundentes para quienes, desde una responsabilidad pública, tengan vínculos con estos grupos.
“No puede estar permitido que una persona que está en política y que el fin es ayudar a las familias de nuestro país perjudique involucrando al narcotráfico”, señaló.
Como referencia, el diputado mencionó casos de entidades como Sinaloa y Baja California, donde, aseguró, hay personas señaladas por posibles nexos con organizaciones criminales y algunas incluso son requeridas por autoridades de Estados Unidos mediante solicitudes de extradición.
En cuanto a San Luis Potosí, el legislador afirmó que la seguridad continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas que ha identificado durante sus recorridos por más de 120 colonias de la capital. Ante ello, indicó que el PAN también propone destinar mayores recursos para fortalecer a las corporaciones policiales, particularmente en materia de profesionalización y mejores condiciones laborales.
Finalmente, Azuara Zúñiga sostuvo que las medidas forman parte de la agenda legislativa del PAN para el tercer año de la Legislatura, enfocada en atender los problemas de seguridad y establecer mecanismos que impidan una eventual intervención del crimen organizado en las instituciones públicas y en los futuros procesos electorales.
