San Luis Potosí.- La colectiva feminista Amor No Es Violencia lanzó una alerta urgente este martes, denunciando que Rosalinda Ávalos, ex policía de investigación y madre de dos hijos asesinados, se encuentra nuevamente en peligro tras ser denunciada penalmente por el excandidato a juez a quien ella había señalado como responsable intelectual del crimen, presuntamente vinculado a un grupo de delincuencia organizada.
De acuerdo con la colectiva, los principales testigos en contra de Rosalinda serían integrantes dicho grupo delictivo, lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso en su contra y refuerza las denuncias de colusión entre actores del crimen organizado y estructuras del poder judicial.
Una historia marcada por el dolor y la impunidad
Rosalinda Ávalos rompió el silencio al denunciar públicamente que sus dos hijos fueron asesinados por órdenes del entonces candidato a juez, con presuntos vínculos del grupo de delincuencia organizada. Desde entonces, su vida ha estado marcada por amenazas, hostigamiento y persecución institucional.
Actualmente, Rosalinda permanece refugiada en las oficinas del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en San Luis Potosí, ante el riesgo inminente a su vida. Sin embargo, la reciente denuncia en su contra —impulsada por el mismo hombre que ella señaló como autor intelectual del asesinato de sus hijos— agrava aún más su situación.
Llamado urgente a la protección y visibilización
La colectiva Amor No Es Violencia hizo un llamado urgente a los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil para mantener la atención pública sobre el caso de Rosalinda, exigiendo su protección y la revisión del proceso legal en curso.
“No vamos a permitir que una mujer que ha enfrentado al narco y a la corrupción sea silenciada por el mismo sistema que debería protegerla. Exigimos justicia, verdad y seguridad para Rosalinda”, afirmó la colectiva en un comunicado.
¿Qué sigue para Rosalinda?
La situación de Rosalinda evidencia las profundas fallas estructurales en el sistema de justicia mexicano, donde las víctimas que denuncian el crimen organizado no sólo enfrentan amenazas, sino que pueden ser revictimizadas por el mismo aparato judicial.
Existen serios riesgos de que esta nueva denuncia sea utilizada como herramienta de persecución, lo que podría desembocar en una detención arbitraria o, peor aún, en un atentado contra su vida.
