El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, fue localizado con vida luego de que se desplegara un operativo de búsqueda en el que participaron autoridades federales y corporaciones de seguridad de cuatro estados, entre ellos San Luis Potosí.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, confirmó este domingo 8 de noviembre la localización del edil, quien había sido reportado como víctima de una presunta privación ilegal de la libertad durante el sábado.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los hechos que originaron la movilización ocurrieron sobre la carretera San Tiburcio–Vanegas, en territorio de Zacatecas, cerca de los límites con San Luis Potosí.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana potosina había precisado que la presunta privación de la libertad no ocurrió dentro del territorio estatal, aunque fue en el municipio de Cedral donde personas afectadas por los mismos hechos solicitaron auxilio a las autoridades, lo que permitió activar los mecanismos de coordinación.
A partir del reporte se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron integrantes del Gabinete de Seguridad federal, en coordinación con autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas.
La movilización se concentró en la región limítrofe entre las entidades, mientras las corporaciones intercambiaban información para establecer el paradero del presidente municipal.
Finalmente, este domingo las autoridades federales confirmaron que Miguel Ángel Almaraz Maldonado había sido localizado con vida, poniendo fin a las horas de incertidumbre sobre su paradero.
Hasta el momento no se han dado a conocer todos los detalles sobre las circunstancias de su localización, ni se ha informado oficialmente sobre posibles detenciones relacionadas con estos hechos.
El caso puso de manifiesto la importancia de la coordinación entre corporaciones de seguridad de distintas entidades, particularmente en las zonas limítrofes donde la atención de hechos delictivos requiere la intervención conjunta de autoridades estatales y federales.
