San Luis Potosí, SLP.- El gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó que existen investigaciones contra alcaldes y directores de seguridad pública municipal por su presunta relación con grupos criminales en comunidades de la Huasteca potosina, así como por permitir que estas organizaciones operen sin intervención de las corporaciones locales.
El mandatario señaló que las indagatorias se centran en funcionarios que presuntamente habrían facilitado el ingreso y establecimiento de integrantes de grupos delictivos en distintas localidades, sin que las autoridades municipales actuaran para impedir sus actividades.
“Las investigaciones están muy fuertes ya con directores municipales que le ayudan a estos personajes a meterse al pueblo, a instalarse en el pueblo, les dan todas las facilidades para delinquir y no sucede nada con las municipales porque los alcaldes son 100% omisos”, declaró.
Por otra parte, Gallardo Cardona advirtió sobre la presencia de personas procedentes de otras ciudades que, presuntamente, se incorporan a la vida social y económica de San Luis Potosí bajo la apariencia de empresarios, mientras estarían involucradas en actividades ilícitas. Relacionó este tipo de casos con los recientes robos al transporte de carga.
“Muchos habían estado ya instalados en el tema local de diferentes delitos. Otros, como los últimos que tuvimos, los hechos de los transportistas, de los robos a transporte, que llegan de otras ciudades e instalan como empresarios, viven como empresarios, van a escuelas caras, sus hijos viven en fraccionamientos caros y se cuelan como un empresario”, señaló.
En relación con las personas detenidas por delitos de alto impacto, el gobernador informó que algunos imputados han sido enviados a centros penitenciarios federales, ubicados en entidades como Guanajuato y el Estado de México, en lugar de permanecer en el penal de La Pila, en la capital potosina.
Asimismo, mencionó la participación de la Fiscalía General de la República en las investigaciones, aunque no especificó si los procedimientos contra alcaldes y mandos policiacos han derivado en detenciones o en imputaciones formales.
El titular del Ejecutivo estatal estimó que durante los últimos tres años alrededor de 180 personas han sido trasladadas a prisiones federales. En este contexto, hizo referencia a la intervención de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno federal, sin precisar cuántos de estos traslados están vinculados con las indagatorias en la Huasteca.
Finalmente, Gallardo Cardona aseguró que las detenciones de personas consideradas de alto perfil superan las 450 en el mismo periodo, aunque no desglosó los casos por tipo de delito o región.
