La atracción de complejos empresariales ha generado una de las bonanzas nunca antes vistas en territorio potosino, sin embargo, los aspectos secundarios que no se ven, pero son igual de indispensables pueden significar un riesgo: el manejo de residuos peligrosos y el tratamiento de aguas residuales.
En el estado de San Luis Potosí hasta el año 2023, el 92 por ciento de las empresas no aplicaron algún tratamiento a las aguas residuales generadas en la actividad industrial o productiva.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la información más actualizada sobre temas ambientales de la iniciativa privada se remonta al 2023, donde se censaron en el estado a 6 mil 132 unidades económicas, nombre asignado por el organismo al sector privado.
Señala que 534 empresas obtuvieron el agua que consumieron para realizar las actividades del subsuelo (pozos, norias, etcétera); y 174 de mantos superficiales (ríos, lagos, lagunas, etcétera).
Así como 4 mil 562 entidades particulares de la red pública de agua potable; 269 de plantas de tratamiento (agua tratada) y 569 unidades económicas de otra forma de suministro no especificada.
Lo que significa que el 74.3 por ciento de las sociedades mercantiles en San Luis Potosí dependen del servicio que les facilitan los organismos públicos municipales o intermunicipales de agua potable.
Hasta ahí todo supone que transcurre con normalidad en el estado, sin embargo, cuando de saneamiento de agua contaminada (física, química o biológica) se trata, la radiografía no resulta lo suficientemente óptima, porque siguen existiendo particulares que no la someten a tratamiento.
RIESGO EMPRESARIAL
Los resultados del Módulo de Medio Ambiente de los Censos Económicos (CE) 2024, indican que 5 mil 675 empresas manifestaron no aplicar algún tratamiento a las aguas residuales generadas en su actividad.
El resto, es decir, 457 dijeron haber sometido sus líquidos contaminados generados a un procedimiento de saneamiento. Por lo tanto, el 92 por ciento del sector privado no acceder a esta medida para mitigar la contaminación al medio ambiente.
Sobre el uso principal del agua sometida a tratamiento, 72 informaron que la utilizaron en el mismo proceso de producción; 15 en sistemas de enfriamiento; 250 en jardines y limpieza; 100 a la descarga a la red pública o a otro receptor; y 20 para otros usos.
Las que no tratan 78 pertenecen al sector agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo acuicultura, pesca y servicios relacionados con actividades agropecuarias y forestales); 398 a las industrias manufactureras; y 305 a la construcción.
Asimismo, 84 al sector de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final; 2 mil 560 en el comercio al por menor; y 778 en el comercio al por mayor.
Añade con 407 empresas del sector de transportes, correos y almacenamiento; 44 en información de medios masivos; 208 de servicios financieros y de seguros; 57 de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; y 52 de servicios profesionales, científicos y técnicos.
Informa de 2 en dirección y administración de grupos empresariales o corporativos; 91 de servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación; 97 servicios educativos; 59 en servicios de salud y de asistencia social; 16 de servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos.
Finalmente, concluye con 321 compañías dedicadas a servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; y 42 por otros servicios excepto actividades gubernamentales.
Aunque en territorio potosino no se tienen datos de medidas contra las particulares que omiten este tipo de acciones, en el contexto nacional en junio del 2025 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), clausuró tres empresas ubicadas en los municipios de Acolman, Tezoyuca y Toluca, en el Estado de México.
La sanción resultó aplicable en razón del incumplimiento a la legislación ambiental en materia de manejo integral de residuos peligrosos y en descarga de aguas residuales.
