Si es tardado el proceso para alcanzar la justicia o la reparación del año en una causa penal, al observar las cifras oficiales comprende por qué desde hace años las víctimas ya no denuncian los delitos, un fenómeno que no solo genera impunidad, sino también la proliferación de más criminales.
Con todo y que desde el 2020 no facilita información de la estructura organizacional, hasta el 2024 la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, es la instancia de procuración de justicia del país con menor tasa de personal por cada 100 mil habitantes.
Según el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías (IEDF) 2026, la institución potosina registró una tasa 8.3 trabajadores por cada 100 mil habitantes. En contraparte, la más alta corresponde a la Ciudad de México con 76.1 empleados.
Señalo que, para 2024, ni Ciudad de México ni San Luis Potosí entregaron información completa del módulo “Estructura organizacional y recursos” del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), mientras que Guanajuato omitió los datos de policías de investigación.
En el caso de Ciudad de México, se imputó el dato de 2023; para San Luis Potosí, el último dato disponible corresponde a 2020, ya que no ha reportado esta información de manera consistente desde 2021. En todos los casos se imputó el último valor disponible.
La omisión de transparentar la información no solo genera que se posicione en el último lugar nacional, sino que se desconozca la eficiencia y fortalecimiento del personal operativo, y por lo tanto, más tardía la atención y resolución de las investigaciones penales.
Al menos en materia del presupuesto real per cápita, la Fiscalía logró escalar hasta la posición decimo quinta con una partida de 455 pesos por cada habitante, superior al promedio nacional establecido en 448 pesos.
Sin embargo, el estudio elaborado por Impunidad Cero, advirtió que, aunque podría parecer que las fiscalías han recibido mayores recursos en los últimos años, “al considerar el efecto inflacionario, el gasto promedio de las fiscalías a nivel nacional se ha mantenido prácticamente constante, incluso ha disminuido en los últimos años”.
POCOS Y CON MUCHO TRABAJO
La investigación realizada con datos del CNPJE y de solicitudes de información, manifiesta que la Fiscalía encabezada por María Manuela García Cázares, es una de las principales donde los Ministerios Públicos tienen la mayor carga de trabajo de la república mexicana.
Subrayó que algunas entidades operaron con niveles muy por encima del promedio nacional de 128 carpetas por fiscal o agente del Ministerio Público (MP), como es el caso de Querétaro, con una carga de más del doble del promedio nacional (301), seguido por Estado de México, con 286 carpetas, y San Luis Potosí, con 254.
Es decir, al conocer el número de asuntos que deben iniciar, tramitar, investigar, judicializar o resolver bajo otra figura legal, se entiende por qué existen casos mediáticos todavía sin resolverse, inclusive después de varios años transcurridos.
“La reducción de la carga de trabajo responde tanto a la disminución a nivel nacional de las investigaciones iniciadas como al aumento, en los últimos años, del número de ministerios públicos y fiscales. Sin embargo, persisten diferencias importantes entre los estados”, evidenció.
Dentro de lo único rescatable de acudir a denunciar cuando una persona resulta víctima de un delito y aún así es cuestionable, es que el 24.7 por ciento de los denunciantes tardaron más de cuatro horas en concluir la presentación de la querella.
El remate no es nada positivo para la FGE, pues solo el 10.5 por ciento de la población potosina declaró tener mucha confianza en el Ministerio Público, es decir, apenas uno de cada 10 habitantes del estado confía en la instancia responsable de procurar la justicia, según la información recopilada de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
“Mientras el promedio nacional fue de 11 % en 2025, los niveles de confianza estatales oscilaron entre 20.8 % y 4.1 %, lo que representa una brecha de más de cinco veces entre el estado con mayor y el de menor confianza”, finalizó.
