México.-Hace once años, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron tras ser atacados en Iguala. Ese crimen se convirtió en una herida abierta de la memoria colectiva de México, símbolo de corrupción, abusos del Estado y responsabilidad institucional. A once años, los padres, colectivos de derechos humanos y medios mantienen viva la exigencia de verdad, justicia y reparación, pero denuncian que los avances siguen siendo mínimos.
¿Qué se ha avanzado?
En el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se han abierto nuevas líneas de investigación bajo la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa (UELICA). Se revisan registros telefónicos previos y posteriores a los hechos, se estudian pruebas que no se habían considerado antes, en coordinación con la SSPC y la Fiscalía especializada.
Aunque se han realizado aprehensiones de personas vinculadas al caso, los familiares de los estudiantes y organizaciones sociales insisten en que no se ha logrado detener a todos los responsables ni esclarecer plenamente qué sucedió la noche de la desaparición. Sheinbaum afirmó que confía en que haya más detenciones con base en las nuevas líneas de investigación.
La versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron detenidos por policías municipales de Iguala, entregados a criminales, asesinados y quemados en el basurero de Cocula ha sido fuertemente cuestionada. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha señalado inconsistencias, el uso de tortura en declaraciones y falta de evidencia fiable para algunas afirmaciones.
Los padres, madres y normalistas han retomado manifestaciones, marchas y tomas simbólicas en distintos estados del país, además de acciones en la Ciudad de México, para exigir justicia. Entre ellas, la convocatoria a la Marcha #132 Acción Global el 26 de septiembre de 2025.
Las familias exigen la entrega de los 800 folios en posesión del Ejército que, según versiones publicadas y reclamadas por los padres, están vinculados con registros militares relevantes. También piden esclarecer qué pasó con los 17 normalistas que fueron detenidos y trasladados a barandilla (una comandancia policial) la noche de los hechos.
Lo que sigue pendiente
Aún no está claro el paradero de los 43 estudiantes; la exigencia de saber “la verdad, por muy dolorosa que sea” continúa siendo central.
Los avances percibidos hasta ahora por las familias se consideran insuficientes. Se denuncia que muchas pruebas aún no han sido completamente investigadas, despejadas las dudas sobre responsabilidades estatales, militares y policiales.
Existe preocupación por lo que los padres llaman un posible retorno a la “verdad histórica”, término que usan para señalar que algunas versiones antiguas del caso se estén volviendo a validar sin nuevos elementos objetivo.
La representación legal de los padres ha cambiado: Vidulfo Rosales, quien durante muchos años acompañó el caso, renunció, lo cual ha generado incertidumbre y críticas.
A once años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue siendo emblemático de la impunidad estructural en México. Si bien hay indicios de nuevas investigaciones, mayor apertura institucional y manifestaciones sociales que mantienen viva la exigencia de justicia, el tiempo transcurrido sin respuestas concluyentes alimenta el dolor, la desconfianza y la demanda de acciones urgentes.
El reto no es solo judicial: también moral, político y social. Saber qué pasó, quiénes son responsables, ¿por qué no se actuó antes?, y sobre todo, garantizar no repetición. Mientras no se cumplan esas metas, para muchas familias Ayotzinapa seguirá siendo una herida abierta.
