San Luis Potosí, SLP.- A pocos días de que la actual Legislatura del Congreso del Estado rinda su primer informe de labores, la realidad es que lo que menos hay son cuentas claras. Desde hace tres meses mantienen ocultos sus gastos, pese a que se trata de un poder que debería ser autónomo y transparente.
En San Luis Potosí, el Congreso Local no tiene independencia de poderes, ello quedó en el papel, porque en la práctica, las iniciativas solo avanzan si son consideradas prioritarias por el Ejecutivo.
De los 27 legisladores, al menos la mitad desconoce la función real de un diputado. Lo único que hacen es cobrar puntualmente su salario y levantar la mano cuando así se les indica, aún cuando varios de ellos ya repitieron en el cargo.
Rubén Guajardo Barrera: ya se ganó el mote del “nuevo Óscar Vera Fabregat” por la cantidad de veces que ha regresado al Congreso.
Aranzazú Puente Bustindui y Dulcelina Sánchez de Lira: diputadas “levanta manos” que no se mueven sin la instrucción directa del gobernador.
Mientras tanto, el verdadero poder en la Legislatura recae en Héctor Serrano Cortés, mejor conocido como “el emperador del Congreso”. Es él quien decide qué pasa y qué no pasa, manejando a placer los ingresos, regresos y decisiones, siempre como la mano derecha de Gallardo.
El actual presidente de la Mesa Directiva, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, llegó al cargo gracias a los votos del Partido Verde. Ahora, dicen dentro del Congreso, debe pagar esa factura política obedeciendo sin cuestionar al gobernador. Su ambición no es un secreto: busca ser presidente municipal de la capital potosina y para eso necesita la bendición del Ejecutivo.
Ni siquiera el semáforo de “Congreso Calificado” los salva: todos los diputados salieron reprobados, con excepción de Guajardo Barrera, a quien le habrían tenido que dar un mínimo de reconocimiento por la cantidad de legislaturas en las que ha estado, aunque eso no signifique eficiencia.
A días de rendir su informe, lo cierto es que el Congreso del Estado de San Luis Potosí está hundido en la opacidad, subordinado al gobernador y reprobado por la ciudadanía. Un Poder Legislativo que más bien parece una oficina más del Ejecutivo estatal.
