San Luis Potosí, SLP.- Jubiladas y jubilados del Poder Judicial del Estado se manifestaron este jueves frente al edificio del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) para exigir la aplicación inmediata del incremento salarial del 2.1% autorizado desde febrero de 2024, el cual —afirman— no se ha reflejado ni en las nóminas del personal en activo ni en sus pensiones.
“Presidente del STJE, entienda lo que significa movilidad de incremento autorizado 2024, 2.1%. Lo requiere Pensiones para pagar a los jubilados”, se leía en una de las pancartas. Otra más advertía: “Presidente, exigimos su correcta interpretación del artículo 60 fracción II de la Ley de Pensiones. Su negligencia perjudica a los jubilados”.
Las y los inconformes recordaron que, según la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, el monto de las pensiones debe actualizarse conforme a los aumentos salariales de los trabajadores activos, por lo que consideraron que la omisión representa una violación legal.
Ana Luisa Morales Lara, representante del colectivo, señaló que ya se acumulan 19 meses de adeudos por este concepto, con un impacto estimado en más de tres millones de pesos únicamente en pensiones. Advirtió que mientras no se regularice la nómina de activos, no podrá gestionarse el pago correspondiente a los jubilados.
Además, acusó que al personal recientemente jubilado no se le han pagado conceptos como finiquito, antigüedad o compensación por jubilación: “Ya nada más les hablan y les dicen: te voy a dar tanto y olvídate de los otros pagos que estaban legalmente reconocidos”.
Las y los manifestantes denunciaron “omisión, negligencia y poco interés” por parte del magistrado presidente Arturo Morales Silva, a quien acusaron de intentar heredar el conflicto a la presidenta electa del tribunal, Lourdes Sarahi Zarazúa Martínez, que asumirá funciones en septiembre.
“Él debe ya hacer los trámites necesarios con las autoridades que corresponden. Si de verdad no tiene el presupuesto, debe hacer las gestiones porque eso lo obliga su cargo. Su firma sola no cuenta; tiene que darle seguimiento. Ya le dijimos que lo ayudamos, pero dice que esa no es su forma de trabajar. Entonces ni ayuda ni se deja ayudar”.
El grupo reiteró su exigencia para que se aplique el aumento autorizado, ya publicado en el Periódico Oficial del Estado desde el pasado 2 de julio, pero que aún no ha sido aplicado en la práctica.
