En una zona geográfica que históricamente ha sido el Talón de Aquiles de las autoridades potosinas, operaba una célula de una organización de la delincuencia organizada dedicada al secuestro de comerciantes y empresarios, y como pocos historias favorables, dos de ellos pasarán medio siglo en prisión.
Los municipios de la zona Altiplano de San Luis Potosí colindante con el estado de Zacatecas se convirtieron en la entrada y salida de grupos criminales, sin embargo, en marzo de 2021 derivado de un retén policiaco se logró liberar a un zacatecano secuestrado y aprehender a 2 de 3 secuestradores.
Como en otras ocasiones que solían hacerlo, el 3 de marzo del 2021 alrededor de las 13:30 horas el señor Antonio se encontraba con su joven hijo en una tienda de abarrotes, ubicada en el rancho La Blanca, en el municipio de Pinos, Zacatecas, sin saber que sería uno de los peores días de su vida.
En cuestión de segundos arribaron al lugar tres sujetos fuertemente armados que se movilizaban en un vehículo Volkswagen, tipo Jetta, color blanco, modelo 1998, con placas de circulación del estado de Aguascalientes.
Posteriormente caminaron hacia don Antonio y su vástago, a quienes amenazaron con las armas de fuego, pero solo privaron de la libertad al padre para luego ingresarlo a la parte trasera de carro y emprender la huida a San Luis Potosí.
En el trayecto, uno de los delincuentes le pidió que les diera los números telefónicos de sus familiares o de lo contrario lo asesinarían, pero se negó a proporcionarlo, por ello fue golpeado con una pistola en diversas partes del cuerpo. Pretendían pedir un rescate de 500 mil o un millón de pesos por su liberación.
Los secuestrados, quienes confesaron pertenecer a un grupo de la delincuencia, continuaron avanzando en la carretera, no obstante, a la altura de la rúa 15 Salinas de Hidalgo – Santo Domingo en el municipio de Villa de Ramos, se encontraron con un retén de la policía estatal.
Aunque trataron de evitarlo, e inclusive uno de los secuestradores lanzó disparos con una metralladora, don Antonio fue rescatado; de los 3 criminales, solo 2 fueron detenidos, pues el otro logró escabullirse entre la maleza y huir.
DOS LACRAS MENOS EN LIBERTAD
Al tomar conocimientos de los hechos, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), logró sustentar el delito de secuestro agravado, a partir de la declaración de la víctima, de cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y dictámenes periciales.
En la ampliación de la declaración, don Antonio narró que después de subirlo al carro le taparon la cabeza con un trapo y que pudo percibir que se dirigieron rumbo al municipio de Pinos, y luego de dos horas o una hora y media pasaron una caseta. Todo ello mientras lo iban golpeando y exigiéndole les entregará los números telefónicos.
Por su parte, uno de los oficiales dijo que la liberación y detención se llevo a cabo, aproximadamente a las 15:25 horas al observar a unos 20 metros de distancia un Jetta color blanco, donde el conductor descendió y se fue corriendo hacia la maleza, pero otro de los tripulantes tomó el control y dio la vuelta en U.
Ante ello, prosiguió una breve persecución y luego la detención de dos criminales, así como la ubicación del hombre secuestrado, una subametralladora, una arma de fuego Prieto Beretta, un teléfono celular Huawei, otro marca Pocket, un LG y uno marca cell.
Asimismo, los dictámenes periciales corroboraron las heridas provocadas por golpes con la pistola en diferentes partes del cuerpo de don Antonio, sobre todo, en las manos y cabeza.
Una de las pruebas más importantes consistió la recolección de huellas dactilares, pues los peritos encontraron una parcial en el teléfono celular Huawei, «lo que conforme al principio de lógica de identidad crean certidumbre respecto a que se realizo el procesamiento del los objetos señalados con antelación y que solo se encontró una huella parcial, ya que no hubo contradicción, ni postura diversa a la evidenciada», señaló la resolución del juicio oral 80/2022 en la causa penal RI-SLP/CP-128/2021.
Al final, la sentencia condenatoria fue de 50 años de prisión ordinaria a cada uno de los secuestradores, así como una sanción pecuniaria de 4 mil unidades de medida y actualización (UMA), que resultan en la cantidad de 358 mil 480.00 pesos.
