San Luis Potosí, SLP.- La titular de la fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela Garcia Cázares declaró en su comparecencia ante el congreso del Estado y considera que las policías preventivas tanto a nivel federal, estatal y municipal. No cuentan con la capacitación suficiente para integrarse a los trabajos de investigación de delitos.
Lo anterior, luego de ser cuestionada por la reforma constitucional al artículo 21, reforma con la cual se le otorgan facultades de investigación de delito a las autoridades de seguridad pública y a los cuerpos de seguridad pública en los estados, en el caso de San Luis Potosí, a la Guardia civil, estatal y a la Secretaría de seguridad pública municipales.
“A mí me parece que ese tema es un tema que tendrá que ser tratado con mucho cuidado por parte del sistema del secretariado porque el artículo 21 de la Constitución, de acuerdo con la reforma sigue mencionando que el conductor de la investigación es el ministerio público”.
Señaló que se debe ser muy cuidadoso con las facultades de cada institución para no intervenir las competencias de la investigación. “Cierto que cuando se reformó el artículo 21 de la Constitución en la reforma de 2008 trajo consigo la obligación de qué todos los policías deberían estar capacitados para ser primer respondiente, y hoy sabemos que todavía tenemos problemas de capacitación. En cuanto a temas de policía, porque no todos se saben hacer el informe policial homologado”.
Reitero que pese a la inclusión de las policías preventivas, se debe plasmar plenamente en sus competencias y sin olvidar que el conductor de la investigación es el ministerio público y “que será quien tendrá que trabajar esa carpeta para llevarla a judicializar o bien si no se establece el hecho con la probable participación del imputado, llevar a cabo un nuevo ejercicio de acción penal, pero tenemos que ser muy cuidadoso al establecer la competencia de la Secretaría, de seguridad de la Guardia Nacional para no invadir competencias”.
Finalmente consideró que el enfoque de la reforma es positivo, pues es en beneficio de la seguridad pública, un derecho que tienen los ciudadanos y que se tiene que hacer de forma cuidadosa.
