18 abril, 2024

Vienen zacatecanos a cobrar adeudo a #GobiernoEstadoSLP

San Luis Potosí, SLP. – Diputados de Zacatecas demandan al Gobierno Estatal de San Luis Potosí, que liquide un adeudo que tiene con productores agrícolas de aquella entidad.

Este jueves estuvieron en San Luis Potosí, los diputados zacatecanos Eduardo Rodríguez, Jesús Padilla, Raúl Ulloa y Antero González, para entregar un exhorto al gobierno potosino, para que atienda un adeudo que arrastra desde 2015 con productores zacatecanos.

Erasmo Robles Rodríguez, representante de la Integradora Zacatecana S.A. de C.V., que fue la intermediaria entre los productores y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), explicó que en 2014 realizaron una primera venta de mil 190 toneladas de avena y 50 toneladas de frijol, y en 2015 hubo una segunda venta de 315 toneladas de frijol y 250 toneladas de maíz; de la primera venta quedó un adeudo de 1.7 millones de pesos, y de la segunda, 19.5 millones de pesos.

En ese entonces ocurrió el cambio de administración estatal y se entrevistaron con el nuevo titular de la Sedarh, Alejandro Cambeses Ballina, quien les dijo que no saldaría el adeudo porque la dependencia no contaba con recursos y la compra-venta no cubría requisitos como haber pasado por una licitación.

Los productores iniciaron dos juicios de nulidad que siguen sin resolverse, y posteriormente presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Zacatecas y la Fiscalía General de la República, además pusieron en conocimiento a los diputados locales, quienes después de haber tratado de entrevistarse con el titular de la Sedarh y no ser atendidos, emitieron un punto de acuerdo para exhortar al gobernador a atender el asunto.

Aunque reconocieron que no hay un convenio de por medio, los legisladores presentaron distintos documentos que acreditan la operación, por lo que piden al gobierno potosino saldar el adeudo, además anunciaron que pondrán en conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación este asunto, ya que la compra-venta fue parte de un programa en el que se destinaron recursos federales que habrían sido desviados por la anterior administración estatal.