Será falta administrativa grave del servidor público que no ejecute actos tendientes a cumplir laudos laborales

San Luis Potosí, SLP. – Para establecer como una falta administrativa grave del servidor público que deliberadamente no ejecute actos tendientes a cumplir laudos laborales, ya sea que se hayan generado en su administración o no, el Pleno del Congreso del Estado aprobó en Sesión Ordinaria, por unanimidad de 23 votos a favor, la adición al artículo 62 el párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí.

La reforma establece que “cometerán desacato los servidores públicos que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades laborales, retrasen deliberadamente y sin justificación el pago de un laudo laboral declarado firme y que no hayan hecho gestiones tendientes para su pago durante su administración. Conducta sancionada conforme lo establecido por el artículo 77 de esta Ley y, en caso de que la persona demandada ya no sea servidor público, se aplicarán las sanciones establecidas en la fracción IV del mismo numeral”.

Se indica que es importante sancionar estas conductas, ya que las  omisiones de impago causan un daño grave a las finanzas públicas, por el incremento de la deuda, ya sea de salarios caídos, y los intereses que se sigan generando; además, de que la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí en su artículo 31 fracción II estable que, las instituciones públicas con laudo condenatorio, pueden presupuestar sus pasivos laborales, ya sea mediante pagos en  parcialidades o por la cuantía, en un solo acto, y poder así, evitar que los laudos laborales sigan incrementándose perjudicialmente e impactando las arcas públicas.

Punto de Acuerdo

Por unanimidad de 23 votos a favor, se aprobó el Punto de Acuerdo promovido por la diputada María Isabel González Tovar, por el que la Sexagésima Segunda Legislatura exhorta de la manera más respetuosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador; al Delegado en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, y al Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, a efecto de que en el ámbito de sus facultades realicen las gestiones necesarias con la finalidad de que inicien de forma inmediata con la vacunación a las personas adultas mayores de la zona metropolitana, que comprenden los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Señala que estos municipios cuentan con una población adulta mayor de más de 60 años de edad de 138,971 personas es decir casi el 40% del total de la población adulta en el Estado en tan solo 2 municipios, de los cuales cabe destacar que estos tienen un índice de mortalidad a consecuencia del COVID de más del 50%, y más de un 58% en número de contagios, por lo que es evidente la necesidad y urgencia en que se priorice a estos municipios en la dotación de la vacuna.

Otros dictámenes.

Fue aprobado por mayoría de 22 votos a favor y 1 abstención, la adición al artículo 35 Bis, a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, para establecer  que las mujeres y hombres trabajadores gozarán mínimo de un permiso al año, con goce íntegro de su sueldo, de conformidad con su estado de salud debidamente acreditado, con el objetivo de poder someterse a la realización de estudios médicos generales y de especialidad, para proteger su salud, prevenir y evitar futuras enfermedades o atender de manera inmediata las existentes.

Se indica que la detección temprana de las enfermedades que pueden comprometer de manera grave la salud de las y los trabajadores al servicio de las instituciones públicas de gobierno, se considera una acción conveniente, ya que es mejor invertir en detectar las enfermedades de manera temprana, tanto para las y los trabajadores, y sus familias, así como para el Estado y el sistema de salud, puesto que resulta más económico y más rentable para este último atender las enfermedades en su etapa temprana que en la terminal.

Se aprobó por unanimidad de 23 votos a favor, la reforma al  artículo 57 en su párrafo segundo, de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de San Luis Potosí del Estado de San Luis Potosí, para establecer el nombre completo del Ordenamiento Penal en la entidad y fijar el numeral que le  corresponde al delito de fraude en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en su numeral 223 y ya no en el artículo 205 como lo contemplaba el anterior conjunto normativo en la materia, con lo que se brinda certeza y seguridad jurídica del contenido de esta porción normativa, a fin de la plena observancia, aplicación e interpretación de sus destinatarios.

Por mayoría de 18 votos a favor, y 3 abstenciones, se aprobó el Acuerdo Económico a la Directiva, y la Junta de Coordinación Política, para que lleven a cabo las acciones administrativas necesarias, conforme a sus atribuciones, para que el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí suscriba, adopte y asuma los principios y valores de la Carta de la Tierra, como un marco ético para guiar su conducta y la toma de decisiones en el desempeño de sus atribuciones y facultades.

La Carta de la Tierra, es un documento promovido por las Naciones Unidas, que contiene un planteamiento global de los retos del planeta, así como propuestas de cambios y de objetivos compartidos que pueden ayudar a resolverlos.

Asimismo, los principios y valores de la Carta de la Tierra son acordes a los derechos humanos reconocidos y protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que México es parte, como el derecho a la educación; el derecho a la protección de la salud; el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho al libre acceso a información y a la manifestación de las ideas, entre otros; así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados por todos los Estados Miembros en 2015 como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.

En Asuntos Generales, participaron las diputadas María del Rosario Berridi Echavarría, María Isabel González Tovar; y los legisladores Edgardo Hernández Contreras y Reynaldo Rodríguez Martínez, sobre diversos temas.

A las comisiones legislativas, se turnó la correspondencia enviada por el propio Poder Legislativo; entes autónomos y paraestatales; ayuntamientos y organismos intermunicipal y paraestatal; el Poder Federal; y particulares; así como las iniciativas presentadas por las diputadas y los diputados integrantes de la LXII Legislatura.

Agotados los asuntos, se citó a Sesión Ordinaria el próximo jueves 15 de abril del 2021, a las 10:00 horas.