#SLP | Abogados presentan juicio político contra Juan Paulo Almazán Cué

San Luis Potosí, SLP. – Abogados se presentaron está mañana en las oficinas del Congreso del Estado para presentar una solicitud de juicio político en virtud de violaciones que se ha observado, en particular contra el juez de control Rodrigo Cano, que se ha visto perjudicado por algunas decisiones tomadas por el ex Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), actualmente magistrado de la Segunda Sala del STJE, Juan Paulo Almazán Cué.

En su intervención el abogado Tomás Coronado, señaló que la intención de este juicio político es precisamente dejar en evidencia la importancia de que la designación de todos los magistrados debe realizarse por parte del Legislativo de una manera muy cuidadosa y precisa, en razón de que el juicio político versa en una violación grave en el que el magistrado incurrió al violentar el artículo 169 en su fracción décima puesto que conoció de un asunto del que debió haberse excusado, situación que debió realizar por ética profesional.

Destacó que el juez Rodrigo sufrió perjuicio por parte del magistrado, al conocer de inicio una supuesta evaluación en la que Cano no contaba con las bases suficientes para entablar una calificación de desempeño de los jueces de control, por lo indebidamente manejo a su contentillo una situación de querer mantener una supuesta e indebida función del juez, que nunca se llevó a cabo, pues siempre el juez siempre se ha conducido con el más debido respeto a la ética y la legalidad, sin embargo Almazán Cué utilizó está situación para fincarle un delito y perjudicarlo en su ratificación.

“Buscó engañar a los demás magistrados diciendo que él no había participado y había votado en contra de que no se ratificará, cosa que fue falsa, pues siempre buscó la manera de que no fuera ratificado, y tan es así que se está agregando la evidencia para que Legislativo pueda valorar y se instaure el juicio político, pues se debe de tener funcionarios públicos honestos, con una ética profesional a toda prueba, y en este caso consideramos que el magistrado no debe ser ratificado porque no puede utilizar la ley para causar un perjuicio”, concluyó.