San Luis Potosí, SLP.- El consejero de la CEDH y líder de la organización Cambio de Ruta, Luis González Lozano, ha emprendido una campaña de ataque contra la secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, Ivette Salazar Torres, quien hace algunos meses lo denunció por violencia de género, hostigamiento, robo de información, usurpación de funciones, uso indebido de condecoraciones, sabotaje, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de información, toda vez que, aprovechando su condición de miembro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ambientalista, pretendió obtener beneficios particulares mediante el chantaje a la funcionaria, quien finalmente decidió denunciarlo.
El pleito es añejo, Luis González Lozano es uno de los alfiles del secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, para ocupar la Secretaría que hoy encabeza Ivette Salazar, quien formalmente presentó denuncia ante el agente del ministerio público de la unidad de atención temprana contra González Lozano.
El origen del problema tiene que ver con la declaratoria de área natural protegida de la sierra de San Miguelito, también en disputa por grandes desarrolladores, pero lo que ocasionó la denuncia que presentó la funcionaria, tiene que ver con el robo de un estudio denominado “Integración de los elementos técnicos para actualizar el estudio de factibilidad para el establecimiento del área natural protegida, reserva estatal “Sierra de San Miguelito”, cuya elaboración estuvo a cargo del IPICYT por convenio asignado directamente de SEGAM y que González Lozano hace aparecer como propio en sus perfiles de redes sociales.
El activista se habría robado el estudio que a la fecha no ha sido publicado ni puesto a disposición de la ciudadanía por ningún medio, lo que habría desatado la furia del activista que esta misma semana convocó a una rueda de prensa para denostar a Ivette Salazar Torres.
González Lozano además enfrenta una denuncia por hostigamiento y violencia de género, que presentó la titular de SEGAM, toda vez que de manera constante la asedia con solicitudes de información que suman, a la fecha, 44, con más de 20 preguntas cada una, usando para ello la organización que encabeza y su nombre propio.
Según la denuncia que presentó la funcionaria ante la Fiscalía Especializada en Violencia contra la mujer de PGR, el activista ejercer contra elle hostigamiento a través de sus redes sociales, ataque jurídico por medio de las instituciones públicas y tráfico de influencias para perjudicarla, denostarla y buscar como fin último, destituirla del cargo, buscando sucederla.
El pleito apenas comienza, lo grave es que ambos sean servidores públicos, enrareciendo el clima político.
