San Luis Potosí, SLP.- El Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz AC denunció mediante un boletín de prensa que la información enviada el miércoles por el área de Comunicación Social del gobierno del estado, respecto a que esa asociación tuvo una reunión con el gobernador Juan Manuel Carreras y el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, Rafael Adrián Avante Suárez, “es falsa e imprecisa”.
“Si bien, en el Centro Samuel Ruiz AC recibimos una invitación vía correo electrónico y después por llamada telefónica, por parte de la dependencia federal, también es cierto que la asociación Samuel Ruiz AC decidimos declinar la invitación por las razones que a continuación exponemos”, dice el comunicado de prensa enviado por el Centro de Derechos Humanos.
“Las abogadas y abogados, así como colaboradores y voluntarios integrantes de esta asociación, estamos convencidos que nuestra tarea es profunda y nuestra razón de ser es construir condiciones para lograr la justicia sobre bases verdaderas y no cimentadas en la simulación”, dice el comunicado del Centro Samuel Ruiz AC.
“Como asociación civil cuyo objeto es la promoción y defensa de derechos humanos, nos resistimos a participar en eventos decorativo-gubernamentales, ya sea del estado o gobierno federal. Estamos siempre dispuestos a colaborar con todas las dependencias, queremos participar en acciones de fondo que incluyan políticas públicas, estrategia de búsqueda profesional, investigación científica y planeación estratégica, sin olvidar la parte de prevención y capacitación para ciudadanía y funcionarios públicos, así como información para casos actuales de personas desaparecidas, teniendo como base las necesidades de las víctimas y sin utilizarlas para los fines, ni del gobierno ni de las propias organizaciones”.
El Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz dijo además que “por fundadas razones consideramos una simulación el evento realizado con víctimas y organizaciones, ya que durante los años de gobierno de Juan Manuel Carreras, este no se había dignado a recibir a las víctimas y mucho menos a plantear acciones claras para favorecer a muchas familias que se encuentran vulnerables por la falta de algún ser querido”.
“Juan Manuel Carreras ha encabezado un gobierno indolente que solo atiende los asuntos ventilados en medios de comunicación y aun a esos solo da respuesta mientras exista una presión mediática, pero fuera de las cámaras dejan solas a las víctimas”, denuncia el texto del Centro Samuel Ruíz.
“La PGJE no cuenta con recursos ni habilidades para construir una búsqueda eficiente. La respuesta del procurador hacia las familias siempre es evasiva, indolente e insuficiente. El propio Federico Garza (fiscal general) declaró públicamente que esa institución no estaba preparada para atender los casos de personas desaparecidas y minimizó la desaparición de mujeres diciendo que se van por su propia voluntad o con el novio, e irresponsablemente manifestó que en nuestro estado no había trata de personas”, recordó el Centro Samuel Ruiz en su denuncia mediática.
“Basta observar el conocido caso de la niña Zoé Zuleica, desaparecida durante el mandato del gobernador Carreras, en el que el fiscal Federico Garza Herrera no ha logrado concatenar las pruebas que la familia ha investigado, ni han sido eficientes para realizar diligencias tendientes a agotar importantes líneas de investigación aportadas por esta asociación y la propia familia de la menor Zoé”.
“En este gobierno se han implementado estrategias para dividir a la sociedad civil, envilecerla y cooptarla con mecanismos mercantilistas, otorgando recursos públicos, proyectos y trabajos a discreción para organizaciones, sin concurso alguno”, dice el comunicado.
El Centro de Derechos Humanos explicó que la invitación que les fue enviada por correo electrónico mencionaba que “el objetivo de la reunión era dar cumplimiento a la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El Centro Samuel Ruiz AC consideramos que la convocatoria a estas ‘reuniones de trabajo’ con colectivos y autoridades debe hacerse pública e incluir a muchas asociaciones cuyo objeto de trabajo es migración centroamericana, jornaleros migrantes, mujeres y temas de género porque se vinculan directamente con víctimas de desaparición”.
“Asimismo, existen asociaciones estatales que trabajan el tema de trata de personas y la relación con desaparición de personas es muy estrecha, o asociaciones que han realizado trabajo e investigación en el tema de trata”.
“Hacemos un llamado a las víctimas para no permitir que nadie lucre con su dolor, este hecho lamentable lo había previsto Javier Sicilia en aquel histórico encuentro de víctimas con el entonces presidente Felipe Calderón: ‘volverán nuestra tragedia cifras, lucrarán con el dolor’ cuando aún no había ley de víctimas ni Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, dice el comunicado firmado por el Centro Samuel Ruiz.
El boletín de prensa enviado el miércoles pasado por el gobierno estatal decía textualmente: “Con la presencia de integrantes de asociaciones civiles y organismos a favor de los derechos humanos, el Gobernador de San Luis Potosí y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se reunieron con familiares de personas desaparecidas”.
El último párrafo del boletín de prensa del gobierno del estado decía: “En la reunión participaron las asociaciones Voz y Dignidad por los Nuestros, Fe y Esperanza para Víctimas del Delito Christian, A.C., y Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García”, lo que esta última organización negó.
