San Luis Potosí, SLP.- Por omisión a la protección de personas en agravio de diversos habitantes de la comunidad Noria de San José, S.L.P., los días 14 y 23 de junio de 2016, así como dilación en la integración de las carpetas de investigación iniciadas sobre esos hechos la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 07/2018 contra funcionarios del gobierno de Juan Manuel Carreras López.
El ombudsman potosino Jorge Andrés López Espinosa se vio obligado a ceder ante las presiones de ejidatarios, quienes se manifestaron en días recientes frente a la sede del órgano defensor para exigir respuesta por las detenciones arbitrarias que sufrieron algunos de sus habitantes en 2016, logrando que se emita una segunda recomendación contra servidores públicos, ya que la primera que se emitió no estaba bien integrada.
El nuevo documento va dirigido al anterior ombudsman Jorge Vega Arroyo, actual titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV); al Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera; al Secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Pineda Arteaga y a Saúl García Rodríguez encargado de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí.
De acuerdo al expediente, las víctimas relataron que el 14 de junio de 2016 un grupo de personas entre ellas un actuario judicial, así como varios elementos de seguridad privada y operadores de maquinaria pesada, se presentaron en un restaurante propiedad de uno de los habitantes de la comunidad Noria de San José, quienes sin mostrar mandamiento judicial alguno, le informaron que llevarían a cabo el desalojo y demolición del restaurante, esto a pesar de la existencia de un Juicio Agrario en contra de la Empresa, el cual se tramita en el Tribunal Unitario Agrario y que a la fecha de presentación de la queja no había sido determinado en definitiva.
Por lo anterior, llamaron telefónicamente primero a la DGSPM de SLP y Policía Ministerial del Estado, donde les informaron que no podían intervenir en esa situación por tratarse de un litigio entre particulares, por lo que se comunicaron a la Policía Estatal para pedir el auxilio.
Sin embargo se acercaron a las víctimas, les informaron que ya habían revisado la documentación exhibida por quien se ostentaba como actuario judicial, por lo que al estar en regla no podrían intervenir, por lo que operadores de maquinaria pesada procedieron a la demolición del restaurante y de otra construcción.
Por estos hechos y a fin de que no se repitan la CEDH determinó que es necesario que las autoridades impulsen la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, el tema de derechos humanos, en particular, sobre los derechos a la libertad personal, requisitos sobre la detención de acuerdo a los requisitos legales así como del código Nacional de Procedimientos Penales, y de los derechos que prevalecen durante la detención.
