#AhCaray Carreras y Toranzo tendrán que comprobar mas de 3 mdp ante la ASF

San Luis Potosí, SLP.- El ex gobernador Fernando Toranzo Fernández y el actual mandatario Juan Manuel Carreras López, ambos del PRI, no han comprobado a la Auditoría Superior de la Federación el gasto de 3 mil 276 millones 70 mil pesos, lo que ha derivado en una serie de denuncias presentadas ante PGR, sin que hasta el momento se sepa con exactitud a qué partidas corresponden ni las razones por las que los gobiernos del tricolor no solventaron las observaciones de la ASF, esto presuntamente informó el portal de noticias sin embargo.mx .

En análisis que publica el portal de noticas sinembargo.mx firmado por Dulce Olvera, los gobernadores priistas de todo el país presuntamente acumulan 140 mil 338 millones 600 mil pesos de recursos públicos observados por aplicación irregular sin solventar en el periodo del 2012 a enero del 2018.

La información que está publicada en el portal de la Auditoría Superior de la Federación, señala que en San Luis Potosí el ex mandatario Fernando Toranzo y su heredero Juan Manuel Carreras, deberán responder por la cantidad de 3 mil 276 millones 70 mil pesos.

De todos los gobernadores priistas que no justificaron multimillonarios gastos, algunos tienen protección de altos funcionarios del gobierno federal, pero desde enero la PGR anunció que estaba “casi terminando” diversas carpetas de investigación, pero sólo ha procedido en contra de aquellos cuyos casos se volvieron mediáticos.

Las carpetas de investigación presumen la probable comisión de diversos delitos, entre ellos uso indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho.

Los escándalos de corrupción del ex gobernador Fernando Toranzo fueron públicos y notorios, hay testimonio de ellos en diversas publicaciones que incluyen la compra con sobreprecio de medicinas, el desvío de recursos para la adquisición de desayunos escolares que distribuía el DIF Estatal, a cargo de María Luisa Ramos, un gran fraude con recursos del Seguro Popular y del Fondo Metropolitano, este último acreditado fehacientemente por el abogado Luis Mario de la Garza en contra de la SEDUVOP, entonces a cargo del arquitecto Luis Nava Calvillo, además de recursos destinados a Seguridad Púbica y del nuevo sistema de justicia penal, el fondo de pensiones de los maestros y burócratas, los invernaderos, el lavado de dinero presuntamente del Chapo Guzmán utilizando fondo de pensiones con empresas fantasmas en Estados Unidos, las estufas ecológicas, el Parque Industrial de Valles, la construcción del nuevo edificio de la Secretaría de Salud, la ampliación del Hospital Central, equipamiento y material quirúrgico para el Hospital del Niño, el Hospital de Soledad y el Hospital Central.

En el caso del gobernador Juan Manuel Carreras, el manejo de los recursos públicos ha sido por demás opaco, en tan sólo dos años colocó a San Luis Potosí en el top ten de los estados más corruptos de México, junto con CDMX y EdoMex, según encuesta del INEGI. El gobernador Carreras ha tenido a su disposición presupuestos históricos que sobrepasan los 43 mil millones de pesos anuales, pero magra obra pública. Los escándalos lo señalan como un mal administrador, toda vez que ha subejercido recursos de seguridad y en el caso de la obra pública las licitaciones incumplen las reglas de operación de los programas federales porque sus colaboradores fuerzan los concursos para beneficiar a las empresas de los ricos de San Luis, entre ellas 3M, propiedad del candidato no priista al Senado, Luis Mahbub, y Maquirsa, de la familia Torres Corzo.

Otros recursos con manejo irregular corresponden al fondo del Centro Histórico y algunos de turismo, como fue el caso de la rehabilitación de la calle Alvaro Obregón. Hay irregularidades también en Foncasol, fondo de pensiones, el manejo discrecional de recursos para el campo a través del invernadero Santa Rita, los fondos de caminos y carreteras, el pago de moches evidenciado por diputados.

La cloaca la ha destapado, con lujo de detalles, el portal de noticias sinembargo.mx, propiedad de los potosinos Pablo y Miguel Valladares, presuntos aliados del gobernador y sus asesores políticos.

La cuenta pública estatal de 2016 y 2017 no han sido aprobadas debido a un escándalo de corrupción que involucra el blanqueo de uso de recursos en la Auditoría Superior del Estado y señala la participación de diversos diputados, funcionarios públicos y alcaldes.